por Luigino Bruni
publicado en Vita el 24/06/2011
Estoy convencido de que el día más importante de la “batalla por el agua” será el día después del referéndum. La victoria del “sí” será el comienzo de un proceso. Hay que decir con valentía que la gestión pública (es decir dejar las cosas como están) no es la solución, sino el problema que hay que resolver. Debemos buscar juntos la solución al problema y ésta no puede consistir en mantener el status quo, sino que requiere una dosis mayor creatividad y fantasía política, económica y cívica.
Lo que más me asombra de la discusión a la que hemos asistido sobre el agua, es que todo el debate sigue completamente centrado en la contraposición entre estado y mercado. Sobre la gestión del agua se han formado dos partidos: el de los que quieren mantener la gestión pública (esto es, a cargo de la administración pública) y el de los que quieren dejarla en manos del mercado. Los partidarios de lo público afirman que el agua no es una mercancía y que no se pueden obtener ganancias de los bienes comunes, pues pronto se convertirían en un impuesto para los ciudadanos (verdad sacrosanta, por lo demás); los partidarios del mercado dicen que lo público significa desperdicio, corrupción e ineficiencia.
Esta visión dicotómica es una enfermedad muy italiana (y latina en general). Seguimos viendo el mundo social en dos dimensiones y nos olvidamos de un tercer elemento (no tercer sector, ojo) que se llama sociedad civil, que siempre es crucial para la calidad de la democracia. Estoy convencido de que no encontraremos una solución compartida a este tema crucial hasta que no demos centralidad a este “tercero excluido”, la sociedad civil y a sus expresiones incluso económicas.
¿Por qué no concebimos y llevamos a la práctica para la gestión del agua una solución similar a la que ha surgido de la sociedad civil para los temas del cuidado, del malestar o de la enfermedad mental? La gestión en estos sectores, que son otras tantas formas de bienes comunes, hace treinta años estaba totalmente en manos del Estado (y de las familias); hoy gran parte de estos servicios está en manos de millares de cooperativas sociales que los administran con sensibilidad ética y relacional, en modo eficiente (mercado por lo tanto), pero sin tener la ganancia como móvil. Es la llamada empresa social o civil, esto es un sujeto movido por finalidades sociales y solidarias, que no tiene como propósito la ganancia.
La sociedad civil ha sabido producir empresarios sociales, que aun sin esperar grandes remuneraciones del capital invertido, han querido y sabido utilizar su talento empresarial para administrar bienes comunes (los empresarios son esenciales para administrar en modo eficiente recursos escasos). Y todo ello ha sido posible (en los casos más virtuosos, no todos obviamente) gracias a una nueva alianza o pacto entre el mercado, el sector público y la sociedad civil: el sector público está muy presente, pero es un partner más junto a los empresarios y a la comunidad.
Para el agua creo que deberíamos concebir una solución similar: dar vida, mediante leyes específicas (como sucedió en 1991 con la cooperación social) a nuevas empresas sociales para la gestión del agua que sean fruto de una alianza entre el sector público, las empresas y la sociedad civil. Así podremos decir que el “sí” ha sido una verdadera victoria.
